El objetivo de este número no es tanto analizar la evolución del Derecho Internacional Humanitario, que es un sector del ordenamiento creado para mitigar el sufrimiento humano en los conflictos y las guerras (el denominado Ius in bellum), cuanto ver cómo la diplomacia y la acción exterior del Estado pueden servir para ir hacia un mundo mejor, que pueda poner a la paz como un objetivo hacia el cual dirigirse. El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL- es una organización que realiza todos los esfuerzos y que persigue el sueño kantiano de la paz a través del derecho y de las instituciones, pero también de la diplomacia y de la acción exterior. Desde esta filosofía general el Consejo de Redacción seleccionó el tema del número y encargó a uno de sus miembros, Carlos Batallas, la responsabilidad de coordinarlo. Se trata de un buen conocedor del tema pues ha dedicado gran parte de su vida profesional a las cuestiones humanitarias, en el último cuarto de siglo desde el Comité internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R).

El resultado que presentamos responde a un enfoque innovador, que busca no solo evaluar qué hacen los Estados, sino que se orienta a ver qué deberían hacer, así como a identificar cuáles son los retos a los que la Comunidad internacional se enfrenta para hacer más eficaz y sostenible el derecho internacional humanitario. Desde esta perspectiva emerge la importancia de la noción de diplomacia humanitaria, sobre la cual España presentó su primera Estrategia 2023-2026, que busca fortalecer la perspectiva humanitaria en la acción exterior del Estado, mediante la promoción del respeto y desarrollo progresivo del derecho internacional humanitario, la facilitación de las operaciones humanitarias y la concienciación en torno a las necesidades de las poblaciones afectadas por conflictos. Esta Estrategia es el resultado de un periodo de reflexión que se inicia en 2016, con la celebración de la Primera cumbre humanitaria mundial

Los estudios de este volumen aportan luz sobre la Estrategia de Diplomacia Humanitaria. El primer análisis lo realiza el Ministro de Acción Exterior y Cooperación, José Manuel Albares, que contextualiza la Estrategia de Diplomacia Humanitaria en el marco de la acción exterior española y que reafirma que el sentido de la misma es mostrar el compromiso de España con la justicia, la democracia y con un orden multilateral basado en reglas. Esto no es algo baladí en un orden internacional en transición en el que uno de los riesgos existentes es la regresión en derechos y valores. En cuanto a la propia Estrategia, dos estudios abordan su significado. De un lado el del catedrático de derecho internacional público de la Universidad Rey Juan Carlos, y experto en Derecho internacional humanitario, Francisco Jiménez García, que considera que consiste en la complicidad y cooperación efectiva de las autoridades gubernamentales e internacionales para un espacio de actuación segura que permita el despliegue íntegro y efectivo de las funciones humanitarias, siendo su objeto primordial garantizar la protección de la vida humana de acuerdo con el Derecho internacional humanitario y  con el Derecho de los refugiados. Asimismo, analiza la naturaleza cambiante de la crisis mundial y algunos retos de la diplomacia humanitaria en conflictos complejos y de alta intensidad. De otro lado, el general togado militar y antiguo magistrado del tribunal Supremo, Fernando Pignatelli, indica que la razón de ser de la diplomacia humanitaria es en tanto que herramienta por la cual determinados Estados intentan llevar a cabo la protección a los seres humanos víctimas de situaciones de violencia armada -y de desastres naturales- a fin de garantizar los derechos fundamentales de aquellos. En su contribución analiza la Estrategia española 2023-26 así como sus principales objetivos, ejes y líneas

Otros análisis contribuyen a poner de relieve los principales problemas humanitarios de nuestro tiempo, entre los que es destacable el relativo a la eficacia y a la aplicabilidad del Derecho internacional humanitario. En esta línea el profesor del Instituto de empresa (IE University) José Luis Herrero Ansola, incide en la falta de efectividad del marco normativo del Derecho internacional humanitario, y la posible crisis de credibilidad a la que puede llevar a instituciones como la Corte Penal internacional. Este autor pone el acento, finalmente, en la necesidad de impulsar la prevención de los conflictos. Angel Trejo y Tong Li, del Comité Internacional de la Cruz Roja (Advisory service) consideran que es la falta de voluntad política para cumplir el Derecho internacional humanitario la principal causa de las violaciones. La relevancia duradera del Derecho internacional humanitario dependerá, indican, del compromiso de los Estados de defender y hacer cumplir sus principios y de una voluntad política que es crucial para mitigar el impacto de los conflictos armados

La otra cara de la moneda de las violaciones del Derecho humanitario es la relativa a la responsabilidad política, jurídica y penal. En esta línea son destacables los análisis de Manuel Ollé Sesé y de Aizhan Tilenbaeva. Aizhan, investigadora del programa de derechos humanos de la Universidad de Harvard, realiza una reflexión sobre la conocida Responsabilidad de Proteger, noción que nace hace dos décadas y que actualmente está un poco desacreditada. A su juicio no hay que abandonar la responsabilidad de proteger, pese a sus limitaciones, y se deberían afrontar las críticas e impulsar y mejorar su aplicación. Manuel Ollé Sesé, prestigioso penalista, profesor de la Universidad Complutense y abogado iusinternacionalista que ha actuado ante los principales tribunales internacionales, hace una interesante distinción entre lo que es la responsabilidad penal individual internacional por la comisión de determinados crímenes de derecho internacional humanitario y de crímenes contra la humanidad, y la distingue de la responsabilidad del Estado, que tienen lógicas, normas y vías diferenciadas. Esta distinción tiene gran interés y complementa de manera adecuada la perspectiva jurídica de la diplomacia humanitaria poniendo de relieve las luces y las sombras de tribunales como el Internacional de Justicia, o la Corte Penal internacional, de la que Ollé es uno de los grandes expertos

De gran importancia son los estudios sobre qué se debería hacer en estos momentos, tanto por parte de los Estados como por otros actores, para impulsar el derecho y la asistencia humanitaria.

La mayoría de los estudios se refieren al papel de los Estados, pero dos contribuciones inciden también específicamente en el papel del Comité internacional de la Cruz Roja y en el de la sociedad civil. Sobre el CICR destaca el interesante análisis de Alexandra Gabarró Cistaré, de Cruz Roja Española de Cataluña y profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra, que indica que la Cruz Roja utiliza la diplomacia humanitaria para convencer a los responsables de tomar decisiones para que actúen en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a los principios humanitarios, siendo necesario reforzar alianzas. En esta línea, el movimiento humanitario (CICR y Federación internacional de la Cruz roja) tienen una posición única en el escenario humanitario internacional que posibilita abordar los desafíos actuales sobre la base del principio de humanidad. Por su parte Angel González, abogado y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid aborda en otra interesante ponencia el papel de la sociedad civil en la diplomacia humanitaria, en el marco de las negociaciones de los actores implicados en un conflicto o desastre para facilitar el acceso humanitario, asegurar la protección de la población civil y del espacio humanitario, tener incidencia política y documentar violaciones. En definitiva, pone de relieve el papel clave de las ONG en la diplomacia humanitaria.

Realmente importante es la reflexión que aportan Penélope Berlamas y Violeta Montobbío, del Movimiento por la Paz-MPDL, sobre la necesidad de inscribir la perspectiva feminista dentro de la diplomacia humanitaria, para que las políticas sean más inclusivas y eficaces.

Finalmente, otros estudios abordan cuestiones como el desarme y el derecho humanitario de Richard Lennane del CICR; o las consecuencias de las informaciones erróneas intencionadas, o fake news, como método de agresión en un conflicto, por Harold Triana, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Internacional de la Empresa.

La inteligencia artificial en su relación con la diplomacia humanitaria es objeto de dos reflexiones: la de Nicoló Borgesano, Responsable asociado del Geneva Centre for Security Policy, sobre su utilidad para determinar la responsabilidad en los ataques que ocasionan la muerte de víctimas civiles, y el escrito de Tatiana Krupiy, profesora de la Universidad de Newcastla, sobre la posibilidad de determinar por medio de la IA, la intención de aterrorizar a las poblaciones a través de esa técnica. En esta línea se considera que la inteligencia artificial es un riesgo emergente para la población civil afectada por conflictos armados. La IA se usa para la toma de decisiones militares y selección de objetivos, lo que plantea muchos desafíos, que se analizan en estos estudios.

Por último, en la sección de Crónica, se publica una Necrológica del eminente pacifista noruego, Johan Galtung, gran luchador por la paz, desde la teoría y desde la práctica.

En definitiva, este número contribuye a poner de relieve la dimensión complementaria de la diplomacia para avanzar en la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado, para afrontar el desarrollo progresivo y hacer frente a la necesidad de una mayor voluntad política y una mejora de la efectividad en la aplicación de las normas y para fortalecer la ayuda humanitaria. Les invitamos a su lectura, que aporta nuevas visiones de un tema clásico.